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Jurisprudencia Comentada. Noviembre 2018

SP/DOCT/81175

Los Colegios de Abogados no tienen obligación de enviar a Hacienda la información económica de todos sus colegiados

Samuel de Huerta Hernández. Director Técnico de Sepín Fiscal. Abogado

 

Si la resolución del TEAC de 18 de septiembre de 2018 dio la sorpresa al declarar la legalidad del requerimiento efectuado por Hacienda a los Colegios Profesionales de Abogados, sobre minutas efectuadas en el turno de oficio e información sobre los dictámenes en tasación de costas, no ha sido menos sorprendente que, en un supuesto similar de requerimiento por la Agencia Tributaria de información relativa a la participación de los abogados y procuradores en los procedimientos judiciales a los Colegios Profesionales de los ejercicios de 2014, 2015 y 2016, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 13 de noviembre del 2018, haya procedido a estimar el recurso planteado por el Consejo General de la Abogacía y resolver la no conformidad a Derecho de la petición formulada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
En ambos supuestos, para la Agencia Tributaria, el requerimiento general de información encontraba la motivación necesaria en la persecución del fraude fiscal sobre el contenido de los Planes de Control Tributario (años 2016 y 2017) en los que, desde ejercicios fiscales atrás, se situaban, en el punto de mira de actuaciones, los honorarios profesionales no facturados o declarados de abogados y procuradores. Pues bien, el hecho de incluir la persecución del fraude fiscal a un gremio profesional completo no justifica ni es motivo suficientemente válido para motivar un requerimiento de información con trascendencia tributaria global a la totalidad de un colectivo, en este caso, el de la Abogacía.
Muy al contrario, según fundamentos del Alto Tribunal, para que un requerimiento de información pueda dirigirse a uno o varios profesionales bajo el amparo de actuaciones contenidas en un Plan de control tributario, habrán de concurrir "signos externos de riqueza en los casos en los que dichos signos no resulten acordes con su historial de declaraciones de renta o patrimonio preexistentes mediante el uso combinado de las múltiples informaciones que existen en la actualidad a disposición de la Administración Tributaria". A lo que añade que "el presupuesto para actuar contra los contribuyentes que presten servicios profesionales y la actuación que sobre ellos podrá realizar la Administración tributaria; pero sin que sean posibles estas últimas actuaciones si la selección del contribuyente sobre quien se va a reclamar información no se efectuó con observancia de la concurrencia en él del presupuesto que se viene mencionando. La observancia del tan repetido presupuesto resulta inexcusable para hacer visible que la selección del profesional cuya actividad vaya a ser objeto de un requerimiento de información se ajusta a unas pautas de objetividad; unas pautas que, según ya se dijo, resultan necesarias para asegurar que la actuación de la Administración tributaria observa debidamente el mandato de interdicción de la arbitrariedad que proclama el artículo 9.3 de la Constitución".
En consecuencia, el Tribunal Supremo estima la improcedencia del requerimiento efectuado y explica que un plan de control tributario no justifica esa solicitud de información global dirigida a la totalidad de un colectivo profesional como la abogacía.

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