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Mantenimiento de la personalidad jurídica de la sociedad tras su liquidación

 
 

SociosUna sociedad anónima promueve la construcción de un edificio y, posteriormente, uno de los compradores detecta defectos de construcción.

El comprador demanda a la sociedad, que ya se encuentra liquidada, y el liquidador se opone a la demanda al considerar que la sociedad no tiene capacidad para ser parte al estar disuelta y cancelada su hoja registral.

El juzgado de primera instancia considera la existencia de vicios constructivos y condena a la sociedad a realizar obra de reparación o pagar su coste.

La AP Valencia, sin embargo, aprecia la falta de personalidad de la sociedad y recuerda que para demandar a una sociedad liquidada debe solicitarse también la nulidad de su cancelación registral para que se deje sin efecto y se reabra la liquidación.

Existe jurisprudencia contradictoria del TS sobre la capacidad para ser parte de una sociedad disuelta y liquidada:

No exige anular la cancelación registral Exige anular la cancelación registral
TS 27-12-11, EDJ 338567 TS 25-7-12, EDJ 197373
TS 20-3-13, EDJ 42036

El TS reflexiona que aunque con carácter general se afirma que la sociedad adquiere su personalidad con la inscripción de su constitución y la pierde con la inscripción de su extinción, esto no es del todo cierto. La inscripción de constitución no es necesaria para adquirir personalidad (sociedades en formación o irregulares) y la inscripción de extinción conlleva la pérdida de personalidad para operar en el mercado, pero se mantiene respecto de las reclamaciones pendientes sobre pasivos que deberían haber formado parte de la liquidación.

De este modo, tras la cancelación, persiste la personalidad jurídica de la sociedad como centro residual de imputación hasta que no se agoten todas las relaciones jurídicas de las que la sociedad es titular.

Aunque se prevé la responsabilidad solidaria de los socios respecto de las deudas sociales no satisfechas en la liquidación, en muchos casos debe reclamarse a la sociedad para hacer efectiva esta responsabilidad. Por ello, no puede negarse la posibilidad de dirigirse frente a la sociedad ni obligar a solicitar previamente la anulación de la cancelación (LSC art.399).

En conclusión, la sociedad está obligada a reparar el cumplimiento defectuoso de su prestación o pagar su coste.

 

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