676 455416   Mail: carlos@florit-abogados.com


616 231094   Mail: ernesto@florit-abogados.com

cabecera

En esta sección publicamos contenidos que por su relevancia o información creemos que puedan ser de vuestro interés, a su vez también lo publicamos en nuestras redes sociales para darle la mayor difusión posible, esperamos que sea de vuestro agrado y os invitamos a visitar esta sección agradeciendo de antemano vuestro interés y confianza.

 

canstockphoto7817750Tras la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con vigencia desde el pasado 1 de Abril de 2015, el arrendatario tiene garantizado un plazo mínimo de duración de su contrato de alquiler de tres años (art. 9.1)
 
Sin embargo, en el art. 9.3 se excepciona la regla general para el supuesto que, siempre transcurrido el primer año de contrato, el propietario de la vivienda le comunique a su inquilino la necesidad de recuperar su vivienda para destinarla a vivienda habitual, bien propia, bien de su cónyuge o familiares de primer grado. 
Esa notificación se ha de practicar con un plazo de dos meses de antelación a la fecha de pretendida recuperación de la vivienda alquilada, y, verificada la devolución de la vivienda, la ley establece una serie de consecuencias legales si se demuestra que, en los tres meses siguientes a su recuperación, no han procedido  a ocuparla, el propietario o sus familiares, supuesto en el cual el arrendatario tendrá derecho a ser reintegrado en la vivienda alquilada y a una determinada indemnización (que evidentemente comprenderá los gastos de desalojo) 
 
Una de las cuestiones centrales de este tema es el concepto de "necesidad". Así, no se debe confundir "necesidad" con "conveniencia". De tal manera, que para el dueño será relativamente sencillo probar dicha necesidad si exhibe al inquillino una sentencia de separación, divorcio o nulidad y se pide la vivienda para su cónyuge, pero en otros casos, por ejemplo, cuando se solicite la vivienda para un hijo que quiere emanciparse, no será suficiente expresar la causa de la necesidad sino demostrar, en nuestro ejemplo, que ese hijo tiene medios económicos para vivir de manera independiente, o que su trabajo radica en el municipio donde está esa vivienda.
 
Revisando la jurisprudencia al respecto, queda claro que nuestros jueces y tribunales aplican con mucha cautela y prudencia el art. 9.3 de la LAU puesto que el escenario que contempla, la "necesidad" del dueño de la vivienda arrendada, no puede constituirse en la vía para burlar la normativa protectora de los derechos de los arrendatarios, exigiéndose prueba plena que acredite la reiterada "necesidad" de ocupación de la vivienda alquilada.