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SociedadMercantilComo explica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5ª, núm. 201/07 de 21 de Mayo de 2007 (Rec. Apelación 145/07) es muy frecuente recurrir a la figura jurídica de la comunidad de bienes para titular el ejercicio de actividades empresariales o profesionales en el tráfico económico, actuando cada miembro de esa comunidad (comunero o copropietario) en nombre propio, dado que la comunidad de bienes carece de personalidad jurídica y estableciéndose un régimen de comunidad de beneficios y gastos en correspondencia a la concreta participación que cada comunero tenga en la comunidad.

Ello es así porque la comunidad de bienes que regula nuestro Código Civil en los arts. 392 y ss. sigue el criterio de la comunidad romana o por cuotas, frente a las comunidades de tipo germánico, también llamadas en mano común, o sin cuotas.

Sabemos que en el condominio romano, coexisten varios propietarios sobre otras tantas partes ideales de la cosa común. Sin embargo, dicho régimen resulta inadecuado para las exigencias de una empresa mercantil.

 

Por ello, es comúnmente aceptado por doctrina científica y jurisprudencial que, materialmente, una comunidad de bienes dinámica o funcional, esto es, orientada al desarrollo en común de una actividad económica en el tráfico, puede y posiblemente debe equipararse a una sociedad irregular civil o mercantil (en función de la naturaleza de la actividad). Nuestro Tribunal Supremo tiene declarado en este sentido que si bien comunidad y sociedad son coincidentes en darse una situación de unión de voluntades, no lo son en cuanto a sus fines y operatividad, pues las comunidades de bienes suponen la existencia de una propiedad en común y proindivisa, perteneciente a varias personas, lo que se traduce en un mantenimiento y simple aprovechamiento plural, mientras que, por contra, las sociedades se caracterizan por la existencia de un patrimonio en común que se aporta al tráfico económico (civil o mercantil) para obtener lucros comunes repartibles entre los socios y soportar también en común las pérdidas (sentencias del Tribunal Supremo de 24 Mayo 1972, 4 Diciembre 1973 y 24 Julio 1993EDJ 1993/7615y 5 Jul. 1982EDJ 1982/4491entre otras).

Declarándose la existencia de una relación societaria mercantil, con la finalidad de explotar un negocio y por tanto de realizar una actividad mercantil de lo que se presume el ánimo de obtener ganancias, es evidente que se constituyó de hecho, una sociedad mercantil irregular, a la que son aplicables las normas de las sociedades colectivas y, por lo tanto, la responsabilidad solidaria de sus integrantes, y sólo de sus integrantes.

Como señala la STS de 19 de noviembre de 2008 , que cita resoluciones precedentes del Alto Tribunal (15 octubre 1940, 25 mayo 1972, 5 julio 1982, 6 marzo y 15 diciembre 1992), la comunidad de bienes propiamente dicha supone simplemente la existencia de una propiedad común sobre determinados bienes y derechos que se traduce en su mantenimiento y simple aprovechamiento plural, mientras que la sociedad comporta la puesta en común de dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí los socios las ganancias (artículo 1665 Código Civil ). De ahí que la figura societaria irregular surja inevitablemente cuando se explota por las partes un negocio y los socios contratan con terceros en su propio nombre. Estamos en presencia de una sociedad irregular o de hecho, cuyos pactos no trascienden a terceros y que no cumplen los requisitos de forma exigidos por la ley; su existencia ha sido muy perfilada por doctrina y jurisprudencia. El artículo 1669 del Código Civil, que las define, nos dice que no tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros y remite a las normas de la comunidadde bienes de los artículos 392 y siguientes. Ahora bien, esta remisión significa que el ámbito interno las partes quedan obligadas según sus respectivas cuotas de participación, pero en el externo y en cuanto a la responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad frente a los acreedores de ésta, nos encontramos ante una responsabilidad directa, personal e ilimitada y solidaria en la que cada uno de los socios responde de la totalidad de la deuda social.