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articuloIBISi bien es cierto que el impuesto sobre bienes inmuebles (ibi) es un tributo que grava la titularidad de bienes inmuebles en la fecha de su devengo, 1 de Enero de cada ejercicio, no debemos confundirnos con los efectos de la afección real que se produce en la transmisión respecto de dicho impuesto, regulada
 en el art. 64.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL, EDL 2004/2992). 

 

 

En efecto, el art. 64.1 TRLRHL establece un auténtico derecho de persecución o garantía respecto del bien inmueble para el abono de la deuda o deudas derivadas del referido impuesto, aunque el bien se haya transmitido posteriormente y el titular del mismo ya no sea el deudor principal o sujeto pasivo de los ejercicios correspondientes pendientes de pago.

 

En cierta manera, nos encontramos con un escenario parecido al de los gastos de comunidad. Ya sabemos que cuando adquirimos una vivienda, ésta responde, por afección real, de los gastos comunitarios que la misma haya generado durante la anualidad en curso y los tres ejercicios anteriores, aunque, inter partes, el dueño actual del inmueble pueda luego repetir contra el anterior propietario, por esos gastos que se ha visto obligado a abonar y que correspondían a ejercicios donde todavía no era propietario.

 

Volviendo al tema que nos ocupa,  la garantía que conforma la vivienda para el pago del IBI es de carácter subsidiario, en el sentido de poderse ejercitar únicamente sobre los bienes de un tercero cuando la Administración no ha podido cobrar las deudas de los sujetos pasivos. O sea, que la Administración Pública solamente derivará la responsabilidad hacia el inmueble si ha resultado fallido el intento de cobrar del sujeto obligado inicialmente al pago del IBI. 

 

Pero, en el supuesto que ello ocurra, debemos saber que a pesar de haber comprado el inmueble años después de que se devengara el IBI no abonado, la Administración nos podrá requerir de pago al respecto como responsables subsidiarios, figura contemplada en el 43.1 d) de la Ley General Tributaria (LGT) en relación al art. 79.1 de la misma, en la que se indica que  "Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga." 

 

El límite a respetar en todo caso para que se derive hacia el actual propietario responsabilidad subsidiaria en caso de impago del IBI por quien inicialmente estaba obligado a ello lo supone, como casi siempre en Derecho, la prescripción. 

 

Ahora bien, es preciso matizar como opera la prescripción en los supuestos de afección de bienes.

El Tribunal Supremo, ante algunas Sentencias como las del TSJ de Cataluña de 12/05/00 ó 28/09/00 dictó Sentencia en interés de ley de fecha 9 de Abril de 2003 donde distingue entre los efectos de considerar la afección como un supuesto de responsabilidad o de reipersecutoriedad. Para el Alto Tribunal, el artículo 76 de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales, ha de ser interpretado en el plano de la responsabilidad y no reipersecutoriedad, por lo que el nuevo titular adquirente, como sucesor del anterior sujeto pasivo, lo ha de ser con todas sus consecuencias, tanto si le favorecen como si le perjudican, entendiendo, en consecuencia, que no han prescrito para el adquirente las deudas del IBI que tampoco habían prescrito para el sujeto pasivo, y que, asimismo, los actos interruptivos de la prescripción para con el sujeto pasivo pueden oponerse eficazmente contra el nuevo titular adquirente.

Así pues, interrumpida la prescripción contra el deudor principal se entenderá interrumpida contra todos los responsables, inclusive los subsidiarios.