676 455416   Mail: carlos@florit-abogados.com


616 231094   Mail: ernesto@florit-abogados.com

cabecera

En esta sección publicamos contenidos que por su relevancia o información creemos que puedan ser de vuestro interés, a su vez también lo publicamos en nuestras redes sociales para darle la mayor difusión posible, esperamos que sea de vuestro agrado y os invitamos a visitar esta sección agradeciendo de antemano vuestro interés y confianza.

 

articulocalumniasConstitucionalmente consagrado en el art. 18 de nuestra carta magna, la protección del honor contra sus más graves ataques se encuentra recogida en los arts. 205 a 216 del código penal, sin olvidar la existencia de una ley civil destinada al mismo objetivo que no es otra que la Ley Orgánica 1/82 de 5 de Mayo.

La calumnia es definida en el código penal como la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, pudiendo ser el sujeto pasivo de ese delito tanto una persona física (incluso una persona menor de edad o un enajenado, que no podrían ser responsables penalmente) como una persona jurídica.

Evidentemente, el código penal exime de cualquier responsabilidad al acusado de un delito de calumnias que prueba el hecho criminal que venía imputando.

El Tribunal Supremo ha exigido siempre que la comisión de este delito se realice dolosamente, a sabiendas de la falsedad de la imputación que se realiza o por lo menos con un temerario desprecio hacia la verdad, con lo que la presencia de un ánimo de difamar en la comisión de este delito ya viene abarcada por el dolo.

Por su parte, la injuria es una acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estima. De esta definición se constata la doble vertiente que tiene el derecho al honor, en cuanto puede ser contemplado desde el punto de vista de cómo se ve a una persona por los demás, o sea, de su reputación social o fama, como desde el punto de vista de la conciencia que uno tiene de su propio valor, es decir, su autoestima. Consecuencia de ello, podrá ser una injuria tanto la emisión de expresiones vejatorias hechas en público como las que reciba el sujeto pasivo directamente.

También en este delito puede ser perjudicado tanto una persona física como una jurídica, pudiendo ser la acción constitutiva del delito muy variada: desde las palabras, escritas o habladas hasta el hecho de escupir a la cara, incluso, en determinadas circunstancias, evidentemente, el negar el saludo, según ha reconocido el Tribunal Supremo.

Por exigencias de principios elementales como el del carácter fragmentario del derecho penal, que solo persigue determinados ataques a determinados bienes jurídicos, el código dispone que solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias sean tenidas en el concepto público como graves (las leves se encuentran con la última reforma del código despenalizadas), lo cual deja un margen de cierta discrecionalidad en la interpretación de esta cuestión. El Tribunal Constitucional y el TS han manifestado con reiteración que el alcance de las expresiones o acciones habrá de valorarse conforme los criterios sociales y culturales del momento en que se producen, es más, deberá valorarse incluso el ambiente en el que se suscitan, por ejemplo, el caso de un mitin político, en que según el Alto Tribunal “los excesos verbales no tienen la misma capacidad injuriosa que en otro ambiente más sosegado y tranquilo”

De hecho, el Supremo considera que “la pasión política que subyace en el intercambio de improperios y descalificaciones personales, aleja el ánimo o propósito de injuriar derivando el conflicto hacia esferas ajenas a los intereses penalmente protegidos, que justifican, una vez más, la mínima intervención del Derecho Penal en los fragores desatados por la incontinencia verbal o escrita de los protagonistas del duelo”

Por tanto, en la comisión del delito de injurias se exige un ánimo de injuriar, que, por lo impreciso o difícil de verificar, deberá examinarse su concurrencia a la vista de las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produce el ataque.

Cuestión muy interesante que quedaría para otra ocasión es la de examinar la colisión entre el derecho al honor y otros derechos fundamentales, como el de expresión o información, elevados también a rango constitucional y cómo arbitra el Tribunal Constitucional las relaciones entre ellos, anunciando a título de mera introducción que para dicho órgano judicial el valor de la libertad de información o expresión declinan frente al derecho al honor, excepto si las informaciones se refieren a personas públicas, que voluntariamente participan de la controversia pública, donde los límites permisibles a la crítica son más amplios por cuanto esas personas están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de particulares sin proyección pública.