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martillocalendarioSi bien el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) bajo la rúbrica "caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial o resolución" establece que la caducidad tiene lugar en el plazo de los 5 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución judicial o arbitral, debemos estudiar qué sucede en los supuestos donde en ésa resolución judicial, sentencia, que queremos ejecutar, se contienen obligaciones o prestaciones que se devengarán con posterioridad al momento del dictado de la misma y que, por tanto, no son ejecutables, exigibles, a la fecha de la resolución. ¿Qué ocurre en tales casos? ¿Cuándo se produce el dies a quo para saber si estamos en plazo para ejecutar la sentencia en tales supuestos? ¿se  nos exige también peticionar la ejecución en el plazo de 5 años desde la fecha de la firmeza de la sentencia?

La propia LEC en su artículo 220 permite que una sentencia incluya una condena de futuro, por ejemplo, una condena a entregar determinadas cantidades o realizar x prestaciones en un momento posterior y venidero que no es todavía el de la fecha de la sentencia. Si aplicásemos rigurosamente el referido artículo 518 de la LEC a estos supuestos, se produciría un conflicto irresoluble y pernicioso para los intereses del acreeedor, que por una parte, vería que ex artículo 518 dispone de un plazo de caducidad, es decir, no susceptible de interrupción, de 5 años para ejecutar una sentencia, y, de otra parte, una prestación derivada de la misma, que puede nacer incluso pasados los cinco años desde el dictado de la sentencia. ¿Qué mecanismo procesal entonces quedaría en manos de ese acreedor ante un eventual incumplimiento de la prestación futura si dicho incumplimiento se produce pasados los cinco años que refiere el artículo 518?

Pues bien, en consonancia con lo hasta ahora expuesto, debemos decir que en lo que respecta a condenas de futuro, ya sea de intereses, ya sea de prestaciones periódicas o de obligaciones futuras o condicionadas, existe una laguna legal en orden al momento del cómputo incial del plazo quinquenal de caducidad de la acción ejecutiva que se establece con caracter general en el artículo 518 de la LEC. Dicha omisión legal debe ser integrada de acuerdo con los principios generales del derecho. 

De esta manera, tratándose de condenas de futuro o de prestaciones periódicas, el plazo quinquenal de la acción ejecutiva surge a partir del momento del efectivo y real devengo del derecho, es decir, a partir de su incumplimiento por el obligado a ello, de manera que hasta que haya llegado este momento, el derecho a la percepción de la prestación periódica o futura no puede entenderse como nacido, y, por tanto, no ha vencido ni es exigible con anterioridad a dicho momento, que constituye, para estos supuestos, el verdardero término inicial o dies a quo del plazo quinquenal de caducidad que se establece con carácter general en el artículo 518 de la LEC. 

Téngase en cuenta que esta solución casa con el contenido del artículo 1969 de nuestro Código Civil que instituye que "el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse" 

Cualquier duda que os genere esta cuestión, os retimimos al Auto núm. 55 de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga, de fecha 18 de Febrero de 2015 (Rec. Apelación 512/14) donde se trata esta cuestión y en la que nuestra firma ha intervenido defendiendo dichos argumentos.