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flotadorEl pasado 28 de febrero el BOE publicaba el RDL 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Sería excesivo concentrar en una única entrada todos los comentarios, así que hoy nos limitaremos a los aspectos más destacados de la reforma de la Ley Concursal que introduce ese concepto de segunda oportunidad.

La crisis económica ha arrasado mucho tejido empresarial y productivo pero, además, ha dejado endeudada para siempre a gente que durante años había demostrado ser capaz de crear riqueza y puestos de trabajo, en especial autónomos, pequeños y medianos empresarios. Necesitamos que esa gente valiosa, atrapada en una espiral de deuda impagable, vuelva a ser útil a la sociedad, no malviviendo en la economía sumergida sino pudiendo regresar a la vida activa con todas las conscuencias. Merecen una segunda oportunidad y necesitamos que la tengan.

El RDL 1/2015, prolijo, laberíntico a veces, llega tarde pero al menos llega. No servirá para recuperar a toda la gente que injustamente lo ha perdido todo en el tsunami de la crisis pero es el primer intento serio de abordar la cuestión.

Invito, pues, al lector, especialmente al lector endeudado, a que vea hasta qué punto este RDL le brinda oportunidades a su concreta situación.

El primer requisito para acogerse a la segunda oportunidad es que el deudor sea de buena fe. Eso significa que su concurso de acreedores no puede ser calificado de culpable sino de fortuito. Es un requisito lógico que puede afectar a deudores que han intentado ocultar bienes (poniéndolos a nombre de otros, por ejemplo) y especialmente, a deudores obligados a llevar contabilidad que no lo hubieran hecho, hubieran llevado contabilidades A y B o hubiera incurrido en irregularidades importantes. 

Es preciso, además, que el deudor no haya cometido determinados delitos básicamente económicos, fiscales o contra los trabajadores. Es razonable que quien ha intentado estafar a su socio o se ha apropiado indebidamente la caja no disponga, ahora, del beneficio legal de la segunda oporunidad.

Superado el primer escollo de la integridad del deudor, en función del volumen de deuda y, en su caso, de activos y número de acreedores, es requisito que el deudor haya intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. La tramitación de estos acuerdos, también modificada, y sus requisitos, quedarían para otra entrada. Lo fundamental, respecto de la segunda oportunidad es que se ha de intentar, no que se tenga que lograr la mayoría de acreedores requerida en cada caso. 

Superados los requisitos anteriores, el nuevo artículo 178 bis 4) de la Ley Concursal regula un primer escenario de segunda oportunidad que, sinceramente, creo que será útil a pocos deudores dado que se requiere:

- Pago íntegro de los créditos contra la masa (los posteriores a la declaración de concurso, incluyendo los honorarios de la Administración Concursal)

- Pago íntegro de los créditos concursales privilegiados (el 50% de los créditos de Hacienda, Seguridad Social y todas las hipotecas)

- Y, según las circunstancias, pago de, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

Dar una segunda oportunidad, es decir, perdonar las cantidades que queden impagadas, a quien puede pagar el 50% a Hacienda y Seguridad Social y todas las hipotecas, es dar una segunda oportunidad a muy poca gente.

Es mucho más interesante el segundo escenario de segunda oportunidad regulado en el artículo 178 bis 5) LC que beneficia al deudor que cumpla con los siguientes cinco requisitos:

i) Que acepte someterse al plan de pagos previsto que luego se regula en el apartado 6. Entraremos a continuación en el tema del Plan de Pagos.

ii) Que no haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42 LC, requisito lógico. Sólo un deudor colaborador con la Administración de Justicia ha de poder tener el beneficio de verse exonerado de deudas.

iii) Que no haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. Se da una segunda oportunidad, no una terceracuarta oportunidad.

iv) Que no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad. Nuevamente un requisito de integridad del deudor, con la posible discusión acerca de qué oferta de empleo era o no adecuada a su capacidad, cuestión que quedará, en última instancia, a decisión del Juez. 

v) Y que acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se haga constar en el Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años. Este requisito implica que el deudor llevará un sambenito público durante cinco años. ¿Podrá obtener financiación bancaria el que está oficialmente marcado? El temor a que el deudor quede marcado ha despertado opiniones críticas hacia este punto, si bien no deja de ser cierto que las entidades de crédito suelen conocer perfectamente la biografía de quienes les solicitan un préstamo, haya o no anotación en el Registro Público Concursal. 

Veámos, pues, el Plan de Pagos que es la auténtica clave de este segundo escenario. El artículo 178 bis 6) LC establece que el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas. Es llamativo que no se requiere la aprobación de los acreedores sino que el Juez, escuchados los acreedores, decide si aprueba o no el Plan de Pagos que ha presentado el deudor o si lo aprueba con modificaciones.

El Plan de Pagos, a cinco años, contemplará qué parte de las deudas podrá pagar el deudor y sobre qué parte de su endeudamiento solicita ser exonerado de pago y el Juez tomará la decisión definitiva, la de exonerar de pago de aquellas deudas que considere que el deudor no puede pagar. Esta es una reforma de calado. Ya no es una mayoría de acreedores la que condona una parte de sus derechos de cobro (quitas). Es el Juez el que extingue las deudas del deudor al ver que, razonadamente, los ingresos del deudor no dan para su pago. 

Ahora bien, hay deudas cuyo pago NO puede ser exonerado:

- Créditos de Derecho Público. El deudor solo tendrá segunda oportunidad si en cinco años es capaz de pagar sus deudas con Hacienda y Seguridad Social. A mi juicio probablemente éste es el momento en que muchos autónomos se quedan sin segunda oportunidad. Todo aquel deudor que necesite quitas de Hacienda y/o Seguridad Social para continuar o reiniciar, no puede beneficiarse de la ley.

Este requisito tiene, además, una posible variante diabólica: Que el Plan de Pagos, concentrado en pagar a Hacienda y Seguridad Social, se cebe con los acreedores particulares, que muchas veces serán otros autónomos, pequeños y medianos empresarios, trasladando a las Administraciones públicas la totalidad de los escasos recursos del deudor en perjuicio del tejido productivo. 

- Pensiones de alimentos (por ejemplo, la pensión a los hijos en caso de divorcio). Nunca podrán ser exoneradas.

¿Y las deudas que persistían después de ejecutar la hipoteca? El artículo 178 bis 5, 2º dice que la parte de las deudas hipotecarias que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado.

Respecto de este último punto, durante años hemos vivido el drama de familias que no podían pagar la hipoteca, el banco se quedaba su casa y seguían debiendo al banco. El artículo 178 bis 5, 2º pone fin a esta situación, no respecto de cualquier deudor, sino del deudor que ha pasado por los trámites de la ley concursal que estamos viendo.

Concluiremos por hoy esta exposición indicando que la exoneración de la parte impagable de la deuda está condicionada a que el deudor cumpla el Plan de Pagos. De entrada parece un criterio lógico. Ahora bien, es de destacar la jugada maestra de Hacienda: Para que el deudor consolide definitivamente la exoneración de pago a los acreedores (incluida la exoneración de seguir pagando al banco después de ejecutada la hipoteca), es necesario que el deudor cumpla el Plan de Pagos que, como hemos visto, debe incluir el pago íntegro de las deucas con Hacienda y Seguridad Social.

Dicho de otro modo, si el deudor no logra pagar a Hacienda, renancen todas sus deudas exoneradas.

Hasta aquí esta primera entrada sobre el DRL 1/2015.