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Es una cuestión que se suscita de forma frecuente, sobretodo en materia de responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación, el tener que interponer acciones civiles en defensa de un cliente perjudicado en un siniestro, cuando, existiendo un procedimiento penal previo, se produce luego su archivo, bien por sobreseimiento de las actuaciones, bien por sentencia absolutoria o incluso por reserva expresa de las acciones civiles todavía pendiente el proceso penal. La pregunta clave es cuándo prescribe esa acción civil en estos casos donde precede un juicio penal, algo, como digo, muy frecuente en el derecho de tráfico. 

En relación a ello, comentaros la  Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, de fecha 21-1-2014, nº 13/2014, rec. 30/2010. Dicha Sentencia explica que: 

"Tanto la doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 196/1988 EDJ 1988/512 , 220/1993 EDJ 1993/6462 , 89/1999 EDJ 1999/11254 , 298/2000 EDJ 2000/46393 , 125/2004 EDJ 2004/92366 y 12/2005 EDJ 2005/3239 entre otras) como la jurisprudencia de esta Sala, con base en los arts. 111, 112 y 114 LECrim EDL 1882/1, 1969 CC EDL 1889/1 y 270 LOPJ EDL 1985/8754 , vienen declarando que cuando se hayan seguido actuaciones penales por los mismos hechos el plazo de prescripción de la acción civil no comienza a correr hasta la notificación al perjudicado de la resolución que ponga fin al proceso penal. Más concretamente, en relación con actuaciones penales precedentes en las que el perjudicado se hubiera reservado las acciones civiles para ejercitarlas separadamente, mantienen la misma doctrina las sentencias de esta Sala de 19 de julio de 2007 (recurso num. 2715/00) EDJ 2007/100787 , 11 de octubre de 2007 (recurso num. 4203/00) EDJ 2007/184351 , 25 de junio de 2008 (recurso num. 3987/01) EDJ 2008/111591 y 15 de diciembre de 2010 (recurso num. 1118/07) EDJ 2010/265175 ; y de estas, más concretamente aún, la de 19 de julio de 2007 analiza incluso el carácter semipúblico de la falta por la que se habían seguido las actuaciones penales y la posible repercusión sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción civil tanto de la renuncia por el perjudicado al ejercicio de la acción penal como de la Instrucción de la Fiscalía General del Estado de 8 de mayo de 1990, para concluir que ninguno de estos factores desvirtúa la jurisprudencia sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción civil. Es más, la sentencia del Pleno de esta Sala de 29 de abril de 2009 (recurso num. 325/06), que trata de la posible caducidad de la acción civil para la protección de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, fijó la doctrina jurisprudencial en el sentido de que el plazo de caducidad de la acción civil, no de prescripción, establecido en el art. 9.5 de la LO 1/1982 EDL 1982/9072 , solo corría, estando pendientes actuaciones penales, en el caso de los llamados delitos privados, es decir de los perseguibles solo a instancia de parte, pero siempre que las actuaciones penales "finalizaran después de cuatro años sin sentencia condenatoria y, además, el ofendido no se hubiera reservado la acción civil expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal".

 

En esta línea, citaros también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 21ª, S 29-4-2014, nº 227/2014, rec. 690/2012, que se manifiesta en los siguientes términos, aclarando que el plazo puede iniciarse desde el momento en que el perjudicado sabe y conoce del fin del procedimiento penal, aunque formalmente no se le haya notificado éste, algo que puede ser de vital importancia en caso de apurar los plazos de presentación de la demanda civil. 

"El criterio general del Tribunal Supremo, con apoyo en las sentencias del Tribunal Constitucional 196/88 y 220/93 es que en caso de existencia de previa causa penal el inicio del plazo de prescripción de la acción de culpa extracontractual previsto en el artículo 1968,2 del Código Civil EDL 1889/1 corre no desde el auto de archivo de las diligencias penales o de la sentencia absolutoria sino desde su necesaria notificación al perjudicado; doctrina jurisprudencial perfectamente apreciable en las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2002 y uno de octubre de 2009, aunque también la jurisprudencia tiene admitido que aunque no se haya notificado al perjudicado la resolución de archivo o sobreseimiento de las actuaciones penales, o la sentencia absolutoria, el plazo prescriptivo de la acción comenzaría a transcurrir desde que los perjudicados tuvieran, por otro medio, real y efectivo conocimiento de la resolución poniendo fin a las actuaciones judiciales penales ( sentencias del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1996, 27 de mayo de 1997, 3 de marzo de de 1998 y 11 de octubre de 2007), perspectiva desde la cual es correcto fijar el inicio del plazo de prescripción con la notificación de la providencia de 29 de diciembre de 2008, en la que se hizo saber al demandante que la sentencia del Juzgado de Instrucción había sido confirmada por la Audiencia Provincial, deviniendo firme, al conocer del recurso de apelación"

 

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