CamaraSeguridadFGECirc 4/2019

La utilización de técnicas de investigación del tipo mencionado en la persecución de los delitos, se trata, en principio, de formas de indagación de la actividad delictiva que van a incidir en el derecho fundamental a la intimidad personal, al invadir espacios de privacidad que pueden llegar a afectar a la esfera más reservada de la vida de los investigados.


Lo que determina la necesidad de autorización judicial en la utilización de estos medios, es la afectación de algún derecho fundamental (inviolabilidad domiciliaria, intimidad, secreto de las comunicaciones o protección de datos), quedando limitado el ámbito de aplicación de la medida por simple iniciativa policial al resto de los supuestos. El criterio que va a determinar cuándo se afecta o no el derecho fundamental no va a ser el lugar donde se coloque el dispositivo de captación de la imagen (público o privado), sino el lugar o espacio público o privado donde se encuentre el sujeto objeto de la grabación; será este lugar, bien por estar protegido por la inviolabilidad domiciliaria, bien por generar una razonable expectativa de privacidad, el que determine la naturaleza y alcance de la medida. Es por ello por lo que los fiscales, a la hora de adoptar sus resoluciones, han de valorar especialmente el alcance y gravedad de la medida, en
relación con las circunstancias del caso.


Las conclusiones a las que llega la Circular, que han de ser tenidas en cuenta por los fiscales son las siguientes:


a) La captación de imágenes por la policía judicial en lugares o espacios públicos no afecta a ninguno de los derechos fundamentales de la Const art.18. Las grabaciones obtenidas por medio de sistemas de videovigilancia pueden afectar al contenido del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

b) Quedan fuera del ámbito de aplicación del CP art.588 quinquies, las captaciones y grabaciones de imágenes que se regulan en la LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en la LO 4/1997, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, en la L 5/2014, de seguridad privada, así como las captadas por particulares.

c) La captación y grabación de imágenes en lugares o espacios públicos está presidida por los principios de especialidad, idoneidad y necesidad, que debe controlar el juez de instrucción en el momento de la incorporación al procedimiento del resultado de la medida.

d) La Ley autoriza la captación y grabación de imágenes, pero no de sonido. La grabación de imágenes y sonido, aunque sea en lugares o espacios públicos, se rige por la regulación contenida en la LECr art. 588 quater a y siguientes.

e) El concepto de lugar o espacio público debe interpretarse desde la perspectiva del derecho a la intimidad y no de la titularidad dominical del lugar o espacio.

f) La captación o grabación de imágenes de terceros no investigados debe justificarse especialmente conforme a las exigencias del CP art.588 quinquies a.

g) El control judicial de la medida de captación y grabación de imágenes en lugares públicos debe desplegarse en el momento de la incorporación al procedimiento del resultado de la medida.

h) Es necesaria autorización judicial para la colocación y el uso de dispositivos técnicos de seguimiento y localización.

i) El conocimiento de datos de geolocalización del investigado a través de dispositivos técnicos supone una limitación de su derecho a la intimidad, pero no de su derecho al secreto de las comunicaciones.

j) La competencia judicial para la adopción de esta medida viene determinada, no por el lugar en que se encuentre la persona o bien sobre el que se coloque el dispositivo o medio de seguimiento y localización, sino por la aplicación de las reglas generales de competencia.

k) La especificación del medio técnico que vaya a ser utilizado debe comprender la indicación del sistema de vigilancia y localización concreto que se utilice, el bien o persona en el que se vaya a colocar el dispositivo, así como cualquier otra circunstancia que resulte relevante desde la perspectiva de la limitación del derecho fundamental. No es necesario, sin embargo, identificar el concreto dispositivo que se utilice ni sus especificaciones técnicas ni, en definitiva, la ubicación exacta en la que se coloque.

l) Las prórrogas de esta medida deben justificarse por los resultados obtenidos con su aplicación o por los datos que resulten de otras diligencias de investigación, lo que debe reflejarse motivadamente en la resolución judicial que las acuerde.

m) La policía judicial puede colocar dispositivos o medios técnicos de vigilancia y localización sin habilitación judicial previa cuando la urgencia del caso haga razonablemente prever que, de no hacerlo, la investigación pudiera frustrarse.

n) En los casos de colocación policial del dispositivo sin previa habilitación del juez, la resolución judicial que se dicte debe valorar y justificar tanto la concurrencia de los presupuestos y requisitos para la validez de la actuación policial como la pertinencia de la medida conforme a los principios generales.
La falta de ratificación judicial de la actuación policial priva de validez a los datos obtenidos, pero no impide que el juez pueda autorizar la utilización del dispositivo instalado, siendo válidos los datos que se obtengan desde esa autorización.


ñ) La colocación y utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización en objetos, sin que con ello puedan conocerse datos de geolocalización de alguna persona concreta identificada, no afecta al derecho fundamental a la intimidad personal, por lo que cae fuera del ámbito que regula la LECr art.588 quinquies b y c, en consecuencia, de la exigencia de previa habilitación judicial.

 

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